Antecedentes

Se argumenta que las instituciones de educación superior fueron creadas o nacieron por necesidades inmediatas de formación profesional, pero después de constituidas, y con el pasar de los siglos, el proceso natural de reflexión y de confrontación por parte de sus miembros, así como la conquista de privilegios que facilitaban el libre pensamiento, fueron transformando estas entidades en el ámbito más adecuado no sólo para conservar el saber consolidado sino también para criticarlo, transformarlo y producir saberes nuevos. Y es éste el modelo al cual han tendido, a veces como ideal inalcanzable, estas casas de estudio. (Lic. Luis Pedro Menacho Chiok, 8 de diciembre de 2011).

Los poderes dominantes, Estado e Iglesia, muy pronto fueron conscientes de estar en presencia de una institución que podía servir tanto a sus intereses como a los opuestos, y se inicia, y todavía continúa, una lucha entre quienes desean una Universidad al servicio del status quo o poder constituido, y quienes ven en ella “el único lugar del mundo donde se puede pensar con libertad”. (Alvaro Marín, 5 de diciembre de 2011).

Dicho lo anterior, tenemos que la génesis de las instituciones de educación superior se dio con el propósito de tratar de solventar o resolver los problemas que en la edad media enfrentaba la sociedad. Se dice, que el Papa trató de educar abogados para que defendieran sus intereses ante los avances de la secularización promovida por los monarcas, quienes a su vez propiciaron instituciones imperiales para generar eruditos laicos. Por ende en el período que va desde el primer liberalismo latinoamericano del siglo XIX hasta la época de José Vasconcelos, las instituciones de educación superior se transforman en “universidades de abogados”. (Steger, 1974).

En consecuencia, la historia  nos muestra que desde el nacimiento de las instituciones de educación superior del Medioevo, los contenidos y métodos de enseñanza de las mismas no centraban su interés en  la calidad educativa, sino simplemente fungían para dar respuesta a la necesidad de la Iglesia y la aristocracia. De la misma manera la planta docente no era sometida a ningún tipo de evaluación que dejara a la vista el nivel de profesionalización concentrada en cada uno de los formadores. Ni mucho menos con estrategias de evaluación a los programas de estudio. Pero si vemos una lucha larga, difícil y permanente, con avances parciales y retrocesos dolorosos, producto y reflejo de los antagonismos sociales.

En México la educación superior se instauró en el país a mediados del siglo XVI cuando, por cédula del Rey Carlos I de España, se estableció la Real y pontificia Universidad de México. En esta estudiarían los naturales e hijos de españoles todas las ciencias a imagen de la universidad de Salamanca. De acuerdo a ello, en el periodo del primer liberalismo latinoamericano del siglo XIX hasta la época de José Vasconcelos, se transforman en “universidades de abogados”, incorporando el antiguo ideal iluminista del estado docente. De esa fecha hasta los 70’s, se inicia del supuesto de que las universidades servían a la sociedad brindando educación a los jóvenes que ingresaban a sus aulas, preparándolos en las profesiones liberales sin condicionamientos adicionales, tomando en cuenta el entorno sociopolítico y económico. (Garritz, 1992)

Durante los años noventa, la educación superior en México intentó responder a los patrones internacionales y la dinámica de la economía, dado el proceso de globalización en el que se encontraba inmerso el país. De ahí que se atendieran los criterios de calidad y excelencia de la educación, sin descuidar la equidad y cobertura. Para dar cuenta de un mejor desempeño cualitativo se generalizaron y diversificaron los mecanismos de evaluación y acreditación. Aprovechando la crisis de la educación superior, el gobierno federal pudo intervenir y orientar los procesos de reforma y crear las condiciones para redefinir el marco de sus relaciones con las instituciones públicas.

Los  años noventa fueron los tiempos de impulso a la calidad y eficiencia del sistema de educación superior a través de políticas de diferenciación y evaluación. Sin duda, las universidades públicas, a lo largo del siglo XX, se constituyeron y consolidaron como el sector más importante de la educación superior en México: sus aportaciones a la movilidad social, sus contribuciones al desarrollo científico y tecnológico del país, su amplia aunque relativa preocupación por la difusión cultural, el número de alumnos egresados, etc., son sólo algunas de sus aportaciones invaluables.

Sin embargo, un conjunto de transformaciones combinadas, tanto del contexto como en las estructuras organizativas de las instituciones, fueron restringiendo sus contribuciones al desarrollo social del país y la fecha no hemos visto verdaderos cambios que lleven a la mejora de la calidad de la educación superior en México y nos pongan a la par de la educación del nivel de los países desarrollados, ya que la nuestra exige desesperadamente una reforma de los contenidos que le permitan a los egresados universitarios mayores oportunidades en su inserción al mercado de trabajo. Así como la necesidad de establecer políticas, normas, procedimientos e indicadores en el desempeño de la calidad académica de mejoramiento de la calidad de la enseñanza y de la investigación.

Sin duda, en México y Sinaloa existe amplio consenso acerca de la necesidad de llevar a cabo una profunda reforma de nuestro sistema de educación superior y un acuerdo respecto de su objeto: elevar la calidad de la educación con base en el estudio de los contenidos y métodos de enseñanza aplicados en este sector. Ya que las instituciones de nivel superior, son actores estelares de la nueva realidad, están sujetas a una crítica extendida entre los diversos actores sociales. Se soslaya que nuestras universidades y tecnológicos siguen siendo un elemento clave en el progreso y movilidad sociales. No olvidemos, que el avance del país se apoya en los profesionistas. Tampoco dejar de lado, la geométrica adecuación de la matrícula, con su consecuente necesidad de profesores de calidad e instituciones de excelente nivel educativo, que produzcan profesionistas de calidad. (Vicente López Portillo, 8 de diciembre de 2011).